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Del bloqueo a la reforma
Tanto el título de esta conferencia en el programa, como la primera parte
del trabajo, sugieren que lo que el Estado necesita en Colombia es una reforma.
Pero lo urgente es recrear el Estado. A ello se dedica la segunda parte.
Primera premisa
El Estado se constituye fundamentalmente para evitar que unos maten a otros,
para acordar unas reglas del juego de la vida en sociedad, para determinar una
autoridad a la que todos respeten. Es el producto de un pacto colectivo. A partir
del acuerdo sobre lo fundamental se estructura el Estado, sus instituciones
y su forma de gobierno.
Todo acuerdo de paz es en cierto sentido una refundación del Estado,
puesto que el pacto de paz recrea al nuevo Estado, fija sus instituciones y
sus formas, sus métodos de elección de la autoridad, sus maneras
de juzgar, sus maneras de resolver los conflictos, de castigo, de mantenimiento
de la hegemonía de las armas. El acuerdo de paz se transcribe en una
Constitución que es Ley de Leyes, norma fundamental, guía de la
acción.
La consecución de un acuerdo entre el gobierno y las FARC, o entre el
actual Estado y los grupos insurgentes, equivaldría a un pacto de paz
que necesariamente sería una refundación del Estado, que debe
transparentarse en una nueva Constitución con unas nuevas instituciones
y nuevas formas de gobierno, aceptadas por las partes que se comprometen a mantenerlas,
respetarlas e imponerlas.
Segunda premisa
En un mundo en vías de globalización – lo que exige amoldarse
a ciertas pautas políticas y económicas -, es imposible escapar
a la constitución de un Estado sin obedecer a las imposiciones y tendencias
de la historia, la región y el mundo Occidental. La única forma
de gobierno aceptada en el contexto continental es la democracia política,
acompañada económicamente del libre mercado. Es imposible escapar
al modelo vigente, sin correr con el riesgo de ser aislados internacionalmente,
imposibilitando así el desarrollo económico y social.
Colombia se halla en una situación de extrema debilidad en el plano internacional
por sus problemas en todas las prioridades de la agenda internacional: narcotráfico,
destrucción ambiental, Derechos Humanos, migración y desplazamiento
interno, integración subregional, regional y mundial, pobreza, inclusión,
competirividad.
Un pacto de paz y la subsiguiente recreación del Estado debe estar influida
necesariamente por el interés de integrar al país en el democracia
política, en el entorno internacional y en las grandes preocupaciones
de la agenda internacional.
Tercera premisa
En el plano interno, es innegable que en Colombia, el actual Estado no tiene
una aceptación generalizada de los habitantes, que no existe un pacto
social que cimente el Estado. Y que hay una lucha armada para sustituirlo.
El Estado es contestado tanto en sus instituciones básicas como en la
forma de ejercicio del gobierno derivado de su Constitución. Tradicionalmente
se considera que el Estado se basa en la existencia, separación y mutuo
control de tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial; en el monopolio
de las armas por el Estado; en la actuación de las instituciones del
Estado en todo el territorio; en un método de representación,
elección y periodos fijos de los elegidos; en un aparato electoral autónomo.
Todo para la debida garantía de los Derechos Humanos y políticos
de la población.
Colombia tiene un Estado débil en todo lo anterior. El presidencialismo,
la primacía del ejecutivo, se resiente en el legislativo y el judicial.
El método de elección del legislativo no transparenta proporcionalmente
al país en los órganos de representación, ni tiene mecanismos
apropiados para su cabal funcionamiento. El poder judicial no rinde los frutos
esperados. El control político es casi inexistente. La corrupción
afecta desde el meollo hasta los últimos eslabones del Estado. El Estado
es ineficiente e incapaz de actuar a favor de los excluidos. No actúa
en la totalidad del territorio ni ostenta el monopolio de las armas. El aparato
electoral, con ser el menos repudiado, tiene visibles grietas en cuanto a defectos
estructurales que afectan la representación, dominio de los partidos
en su cúpula, mecanismos para el mantenimiento del clientelismo y presiones
armadas de la subversión para manipular los resultados electorales.
Los Derechos Humanos, cuya garantía es la razón de ser del Estado,
son violados como casi en ningún país del mundo. Lo cual evidencia
el fracaso del actual Estado y la urgencia de refundarlo, de recrearlo, a partir
de un nuevo pacto social.
Por tanto es necesario substituir al Estado actual, por disfuncional a la democracia
plena, por ineficaz para el cumplimiento de sus deberes básicos, por
la corrupción que lo invade y por su incapacidad para ganar la guerra.
Cuarta premisa
La subversión ha probado hasta la saciedad su incapacidad de pasar de
la crítica de las armas a las armas de la crítica. Lo importante
para ella es la guerra, no la revolución. Su única dinámica
es la guerrera, de copamiento de territorios y cercamiento de poblaciones, de
victorias militares y escaladas guerreras. Presa de las armas y de la lógica
militar, su cotidianidad es sostener, cualificar y acelerar victorias parciales,
sin mucha posibilidad de conseguir a corto plazo la victoria final. Lo que la
desgasta, porque guerrilla que no obtiene rápidamente la victoria, cae
en la delincuencia y la violación indiscriminada de los Derechos Humanos
de la población. En aras del sostenimiento de la guerra se mezcla con
el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la delincuencia
común hasta bordear el bandidaje.
Las guerrillas no ofrecen hoy un modelo alternativo de Estado, un discurso por
fuera del ataque repetido a las lacras del Estado actual. El paradigma del Estado
socialista ha perdido toda vigencia y no encuentran un modelo de recambio. La
pobreza ideológica, paradigmática y política de las guerrillas
es lamentable. Igualmente, la ausencia de una clase política que la represente,
que ofrezca un personal político alternativo al del sistema. Sin teoría
política, sin horizonte económico y sin credibilidad como representante
del pueblo o los excluidos, la guerrilla gira alrededor de sí misma y
de su proyecto militar. Mientras suscita una contraguerrilla, de semejantes
métodos y sin urgencia de modelo alternativo puesto que su ideología
es la defensa del sistema actual, que le disputa su territorialidad y sus posibilidades
militares.
Quinta premisa
El temario de la Agenda común por el cambio hacia una nueva Colombia,
acordado entre el gobierno Pastrana y las Farc, enuncia someramente los lineamentos
de un nuevo Estado en tres bloques: desarrollo económico y social, Derechos
Humanos y Derecho Internacional Humanitario y Reformas políticas. Son
puntos críticos, de los cuales el primer conjunto establece un marco
para el desarrollo económico, el segundo un método para desactivar
la guerra por medio del cumplimiento del DIH y el respeto a los DD.HH. y el
tercero unas reformas políticas que harían factible el cumplimiento
de los dos primeros. Sin embargo, no se indica hasta dónde iría
la reforma: si desde una refundación total del Estado o unas reformas
al actualmente existente. Por los enunciados de la Agenda Común, la tercera
parte, de reforma política, del Estado y de la justicia no se infiere
que la reforma vaya más allá de la que ha estado sobre el tapete
en la discusión de los últimos años, es decir, después
de la Constitución de 1991.
De las tres partes de la agenda, la que refiere a la reforma del Estado como
vinculada a un pacto de paz, comprende los siguientes aspectos:
6.- Reforma de la justicia
6.1 Sistema judicial
6.2. Organos de control
6.3. Instrumentos de lucha contra la corrupción
6.4. Narcotráfico.
7. – Reforma política para la ampliación de la Democracia
7.1. Reforma a los partidos y movimientos políticos
7.2. Reformas electorales
7.3. Garantías a la oposición
7.4. Garantías para las minorías
7.5. Mecanismos de la participación ciudadana
8.- Reformas del Estado
8.1. Reformas al Congreso
8.2. Reforma admnistrativa para lograr una mayor eficiencia en la administración
pública
8.3. Descentralización y poder local
8.4. Servicios públicos
8.5. Sectores estratégicos
Como es fácilmente perceptible los anteriores enunciados,
en su absoluta simpleza, están despojados de cualquier indicación
sobre la dirección, contenido o propósito de las reformas. Pero
la escogencia de los enunciados, por qué estos y no otros, determina
el rumbo sin comprometerse en contenidos específicos o en doctrinas que
serían concretadas bajo los titulares.
El apartado sobre Reforma Política sugiere que se tratarán los
mismos temas de la Comisión para la reforma política convocada
por el presidente Samper y presidida por el ministro Serpa, con el añadido
de la participación ciudadana que lo único que justifica el volver
a ser considerado es la aplicación total de la ley del embudo a la participación:
mientras la Constitución del 91 fijó ampliamente los mecanismos
de la participación, la ley los redujo al poner unas condiciones tales
para su ejercicio que hace imposibles fundamentales maneras de participar. Se
trataría entonces de corregir la ley para permitir la participación
constitucional.
En las Reformas del Estado, no se considera – por ejemplo – una
reforma al presidencialismo, sino al Congreso, sin indicar lo que se pretende.
El congreso de Colombia es uno de los más anticuados en su estructura,
no se ha modernizado como los del resto del continente, y las reformas introducidas
en la Constitución del 91 no parecen haberlo hecho más representativo,
ni más eficiente. La reforma administrativa no parece superar la llamada
modernización del Estado. La descentralización y el fortalecimiento
del poder local, que sería la base de una reforma total del mapa político
administrativo y la oportunidad para reformar completamente la incipiente descentralización
actual, si nos atenemos a la última discusión parlamentaria no
pasaría de ajustes fiscales. Respecto a los servicios públicos,
ni la participación ciudadana en sus juntas, ni la inversión estatal,
ni la privatización parecen haber causado el vuelco necesario para que
la población tenga más y mejores servicios de educación,
seguridad, agua potable o electricidad. La definición de sectores estratégicos
sugiere que se seguirá con la discusión sobre sectores estatizados
o privatizados, de grande o pequeña inversión pública,
de sectores víctimas de la voladura por parte de las guerrillas y de
sectores nacionalizados, regionalizados o municipalizados.
El reto está en no dejar que los enunciados pactados por el gobierno
Pastrana y las Farc se queden en la discusión ancestral sino que sean
llenados los moldes con pautas y contenidos nuevos, que le marquen al país
nuevas metas, verdaderas revoluciones que hagan sostenible la paz y el desarrollo
en un puntilloso cumplimiento de los Derechos Humanos. Lo peor que podría
pasar es que la reforma fuera tan insignificante que volviéramos al ciclo
decimonónico de hace una guerra para obtener una constitución
y otra guerra sucesiva para tumbarla.
De la reforma a la refundación
El Estado colombiano no debe ser reformado sino refundado. Darle una nueva legitimación,
construirlo sobre nuevas bases, orientarlo en otra forma, crearle unas instituciones
diferentes. En esta visión proponemos unas rutas.
Primera ruta: la división y organización de los
poderes
Segunda ruta: la descentralización como “autonomías”
y la división político administrativa.
Tercera ruta: la simplificación jurídica y la aplicación
de justicia
Cuarta ruta: la profundización de la democracia
Quita ruta: la inserción en la globalización
Sexta ruta: el esquema político y electoral
Séptima ruta: armas para la seguridad democrática
Octava ruta: Estado social para la inclusión y la superación de
la pobreza
Primera ruta: la división y organización
de los poderes
En consonancia con los demás países latinoamericanos, la característica
del sistema colombiano es el presidencialismo. A los grandes enunciados constitucionales
sigue siempre una letra menuda o una tradición que confiere el poder
al presidente. La personalización del poder en el mundo contemporáneo
y la necesidad de mediación a través de los medios de comunicación,
hace que el poder presidencial entre hasta los dominios más nimios. La
globalización de la economía, con su urgencia de decisiones rápidas,
grandes negocios y privatizaciones ha aumentado el ancestral clientelismo a
disposición de los presidentes, mientras el debilitamiento del poder
legislativo ha creado vacíos rápidamente ocupados por el ejecutivo,
poseedor además de lo instrumentos de planeación, de las estadísticas
y de los aparatos ejecutores.
El parlamento, al no tener función de gobierno – como en los regímenes
parlamentarios – y al ser elegido por el sistema de representación
proporcional, que favorece la expresión de intereses, se ha convertido
en un sitio para el consenso y el cabildeo, del cual no necesita el gobierno
sino para la aprobación del presupuesto y de ciertas iniciativas. Su
composición, por la distribución censal y la tradición,
dista mucho de representar al país: la elección de senado por
listas nacionales ha sido torpedeada por la operación avispa y se quedan
sin representación los departamentos pequeños y en general todo
el sur del país; la elección de Cámara tampoco es acertada.
No se diferencia el campo de la ciudad y las circunscripciones departamentales
son demasiado grandes; la elección por listas se ha vuelto formalista
y la realidad es una elección uninominal del cabeza de lista; el sistema
favorece los partidos tradicionales y la mitad de los votos se pierden en pequeñas
aventuras.
La repetida práctica política de constituir mayorías al
interior del Congreso con base en “colaboracionistas”o “lentejos”,
que lo único que indican es la urgencia de los parlamentarios de mantenerse
cerca del Ejecutivo para sostener sus prerrogativas regionales o burocráticas,
señala que el sistema al no propiciar la oposición ni el recambio
alternativo, está viciado. En estas condiciones el Congreso no se justifica
en sus objetivos fundamentales y es solamente un vehículo de apropiación
clientelista, de fortalecimiento del Ejecutivo – del presidencialismo
-. Por eso es necesario diseñarlo completamente diferente.
Los cuerpos colegiados departamentales son inútiles y causan un desangre
desaforado a las arcas departamentales. Tienen demasiados miembros, a demasiado
costo. También deben rediseñarse completamente. Al igual que los
consejos municipales. Toda la rama legislativa del poder público es obsoleta,
corruptora, ineficiente; está desprestigiada y apenas sirve para la preparación
del personal político.
El poder judicial está completamente bloqueado, a pesar de las reformas
de 1991 y de hecho no procesa sino pocos de los casos llevados a su consideración,
haciendo de la impunidad su principal escollo. Para percibir su ineficiencia
basta pensar que Colombia ostenta los más altos índices de homicidios
del planeta por cada cien mil habitantes, pero de los más bajos en número
de presos; es el mayor productor y exportador mundial de alucinógenos,
pero ni siquiera tiene un sistema expedito de extradición o de castigo
al interior del país – sino cárceles de privilegiados de
“alta seguridad” de las cuales se escapan a voluntad. Es de los
países con menor gasto militar por cada cien mil habitantes, pero cada
soldado en acción requiere de ocho de apoyo y apenas si una tercera parte
permanece en operaciones. Tiene el campeonato de secuestros por año y
número de habitantes, pero a poquísimos se les condena por tan
execrabe crimen. Y así sucesivamente. El sistema judicial tiene que ser
recreado desde las raíces.
Es necesario repensar la división de poderes haciéndola real:
para ello es urgente repensar la composición y forma de elección
de los parlamentarios y magistrados y delinear las instituciones para que cumplan
los fines de la democracia, separar los poderes de manera que no se interfieran
y funcionen y reducir el presidencialismo. El sistema electoral debe servir
para separar los poderes, dar representación equilibrada a las regiones
y representar el poder nacional, suscitar la participación y evitar los
trucos electorales, fraudes y abusos clientelistas.
Segunda ruta: la división político administrativa
y la descentralización
La división por departamentos se ha mostrado incapaz de gerenciar el
desarrollo, representar las regiones y conseguir un progreso armónico
del país. Lo que se ha creado, en correspondencia con el centralismo,
es una capital enorme e ingobernable, rodeada de departamentos débiles
y municipios incipientes. Lo que se repite en cada departamento: crece la capital,
el departamento es incapaz de manejar las cosas convenientemente y los municipios
se debilitan. El esquema de descentralización es un fracaso, cuesta demasiado
– porque se roban buena parte de la plata entre la asignación del
situado fiscal y otras rentas y el usuario -, descuadra las cuentas nacionales,
hace a los municipios dependientes del poder central – por ello los alcaldes
viven en Bogotá consiguiendo dinero -, impide las alianzas para obras
comunes, no alimenta una sana interrelación entre la capital departamental
y los municipios del departamento.
Sería bueno buscar un esquema completamente diferente: cuatro o cinco
regiones fuertes – Atlántica, Pacífica, Centro, Sur - ,
con gobernador y gobierno regional, provincias y parroquias; crecer el tamaño
de los municipios y rebajar el número; reducir el número de empleados
públicos; regionalizar los servicios públicos; poner policías
regionales y parlamentos regionales; posibilitar el cobro de impuestos regionales
y locales; diversificar el precio de la gasolina y otros productos según
producción regional, cercanía y necesidades; acabar con las regalías
repartidas desde Bogotá; crear entes regionales de obras publicas; regionalizar
los partidos políticosy volver las asambleas unos organismos técnico-políticos
con representación de las provincias y municipios; regionalizar las loterías
e impuestos de juegos, licores etc.; desmantelar los ministerios nacionales,
los institutos descentralizados y las empresas nacionales del estado y dar a
cada región la posibilidad de organizar sus servicios a su manera; repartir
el ejército en las regiones según situación de orden público.
Sobretodo es urgente dar posibilidad a todos los mecanismos de participación
y control ciudadano a nivel regional y local para que controlen a sus gobernantes.
No más sindicatos nacionales, institutos nacionales, maestros nacionales
o funcionarios nacionales.
Tercera ruta: simplificación jurídica
y aplicación de justicia
Colombia es un país sobrejudicializado, saturado de leyes, códigos
y procedimientos; con legislaciones que se entrecruzan y un santanderismo desaforado.
Para nada: para impunidad. La población vive en la informalidad económica,
laboral, jurídica y social. Es necesario sacarla de la informalidad y
volverla a la formalidad, reduciendo drásticamente lo jurídico
a lo fundamental, castigando al infractor y dejando a los tribunales solamente
lo que les compete, pasando el resto a jueces de paz, componedores, tribunales
de vecinos. Ir a lo fundamental en el respeto a la vida y los bienes; privilegiar
los Derechos Humanos, crecer la Tutela; acabar con las vagabunderías.
Hacer una amnistía para que los ciudadanos normalicen la propiedad, las
rentas etc. Crear seguridad jurídica y dejar de estar cambiando cada
día por sentencias más políticas que jurídicas.
Cuarta ruta: profundizar la democracia
Del abismo no se sale destruyendo la democracia sino profundizándola.
Para ello es necesario empezar por el nivel local, escolar, vecinal. Haciendo
que las decisiones que afectan a la comunidad sean tomadas electoralmente por
mayoría; dando poder a los cuerpos colegiados y control a los ciudadanos,
volviendo al municipio la célula primigenia de la democracia. Luego pasando
al nivel regional y de allí al nacional, dando siempre más poder
a los cuerpos colegiados que a los funcionarios del ejecutivo. Que haya verdadera
representación en todos los niveles, para lo cual es urgente renovar
el sistema electoral y el de partidos.
La reforma política no se puede reducir a ajustes nimios que solo garanticen
ventajas para los partidos tradicionales, oposiciones de opereta y códigos
morales insubstanciales y fácilmente desechables. Es imprescindible crear
un sistema político completamente nuevo, representativo, escalonado,
transparente y simple.
Quinta ruta: la inserción en la globalización
La globalización supone el fortalecimiento regional y nacional, pero
no en los conceptos superados del Estado-Nación, en el aislacionismo
y la baja tasa de democracia. Si se piensa en Colombia como una nación
de fronteras, donde cada región las tendría como reto para las
exportaciones y el crecimiento económico y cultural, se podría
diseñar un país donde la zona Atlántica se dedicara a mirar
al Caribe y al Atlántico, a explotar sabanas, aguas, tierras de agricultura
industrial, industrias para esos mercados; la zona Pacífica se arrimara
al fin al Mar del Milenio y a los países del litoral; el Oriente se integrara
con Venezuela y el cuerno de sudamérica; el Sur fuera el mar verde del
oxigeno y la ecología del futuro. Cada región participando en
los organismos binacionales o multilaterales de integración y sumando
en lo subregional e internacional.
Con paz y reglas del juego claras y permanentes, se podría soñar
un país que en vez de ser una amenaza, una caldera del diablo, para el
vecindario, fuera un emporio de riqueza y bienestar. Para ello hace falta optar
por no ser un país de delincuentes y narcotraficantes, de guerrilleros
y secuestradores, de violadores empecinados de los Derechos Humanos, de autoritarios
anacrónicos. Hace falta optar por vencer la pobreza y la ignorancia,
por distribuir el poder y el dinero, por imponer normas de competitividad, por
no gastar tanto en defensa, por ampliar los servicios básicos y sobretodo
por educar. A Colombia la constituye casi una mitad de jóvenes, pero
la educación en ves de crecer y mejorar, decrece. Y en el mundo de hoy
la competitividad nacional surge del conocimiento. Que es en lo que menos se
invierte como investigación y tecnología. Estamos empantanados
en una discusión estéril entre educación pública
y privada, entre educación para pobres y ricos, entre educación
primaria o bachillerato, que es necesario superar y empezar un gran propósito
nacional de educar a la juventud, con todo el gasto concentrado en ello.
La globalización es un cambio de mente de lo parroquial a lo universal,
pero Colombia sigue aislada, mirando su propio ombligo, detenida en el tiempo
y el espacio, víctima de su inmenso dolor diario, de su guerra, de sus
masacres, de su conquista del territorio por mercenarios de todos los horizontes;
vuelta su cabeza hacia atrás, como en el principio de la constitución
de la nación, sin poder salir del siglo XIX a pesar de haberle transcurrido
el XX y sin darse cuenta que entramos en el XXI.
La globalización son medios de comunicación, información
instantánea, tecnología, productos internacionales, política
y economía mundial: en todo ello estamos en el principio, en la creación
del mundo.
Sexta ruta: el esquema político y electoral
Un tratado de paz conlleva un esquema político que incluya a los actuales
contendores, les permita acceder al poder, representar a sus partidarios. En
un sistema democrático, porque el absolutismo, el autoritarismo o la
dictadura – así se pretenda del proletariado – no tienen
cabida. El actual sistema político es excluyente. Por lo tanto es necesario
abrirlo, extenderlo, reconstruirlo, hacerlo a la medida de las circunstancias.
Sea creando circunscripciones especiales para ciertos grupos políticos,
étnicos o de género. Sea organizando “acciones positivas”
para favorecer e impulsar expresiones políticas hoy sin posibilidad de
representación. Sea distribuyendo los puestos públicos entre los
pactantes. Sea redistribuyendo el poder en los órganos colegiados. Sea
permitiendo estructuras políticas y administrativas diferentes en ciertas
zonas del país. Sea con la creación de regímenes diferentes
en zonas determinadas. Todo dependerá de las condiciones del pacto y
de la sostenibilidad de la paz.
El esquema electoral debe adaptarse a las características del pacto de
paz y ser el aval de la sostenibilidad. Por eso es necesario estar abiertos
a reconsiderar el valor de la representación por listas, el cociente
electoral, la distribución de circunscripciones, el valor del voto etc.
etc.
Séptima ruta: armas para la seguridad democrática
El peor problema de la pos paz es el armamento que queda disponible para la
delincuencia. La recolección y control del armamento se verá obstaculizada
por la necesidad de proteger la vida de los pactantes. Aunque el modelo ideal
sería la suspensión de acciones armadas simultánea por
parte de las guerrillas, el ejército y los paramilitares, es difícil
concebirlo en los actuales momentos. Y es aún más complicado pensar
en un programa de desarme con los intereses del narcotráfico, la tendencia
a armarse de la población, la magnitud de la delincuencia común,
la dificultad para desactivar el negocio de armas y la cadena de venganzas que
seguiría a un pacto de paz. Más los grupos de recalcitrantes,
desconfiados y convencidos de la continuidad de la guerra. Más las manos
que solo saben disparar y continuarán al servicio mercenario o en la
organización de nuevos grupos de muerte.
Por lo anterior es indispensable que el pacto de paz considere al menos una
tregua indefinida o un tiempo que haga obsoleto el armamento e impida la renovación.
Y que la autoridad decomise, destruya e inutilice las armas de la guerra, prohiba
y haga cumplir la prohibición de introducir o fabricar armamento. Con
legislación de emergencia absolutamente radical. Y que el Estado tenga
la hegemonía de las armas, sin permitir ninguna calistenia jurídica
o política. De lo contrario es imposible poner las armas al servicio
de la paz y la seguridad democrática.
A la democracia hay que defenderla y defenderla con las armas. El país
no puede volver a caer en la tontería de creer que la democracia se defiende
sola. La experiencia ha sido demasiado aleccionadora, cruel y sangrienta como
para repetirla. Por ello el esquema político debe ser tan democrático
y abierto que permita la lucha política total, pero prohiba también
totalmente el recurso a las armas.
Para Colombia será muy difícil salir del actual estado de cosas
donde cada acción política supone un grupo armado detrás,
sea para buscar los votos, para que se permita hacer campaña, para atajar
al contradictor, para dejar en el territorio únicamente a los amigos
o para imponer a sus candidatos. Hoy la política está armada hasta
los dientes. Hacer política sin armas será el gran desafío
de la pos paz. Y para poder hacerla es imprescindible que el monopolio de las
armas recaiga exclusivamente en el Estado.
Octava ruta: Estado social para la inclusión
y la superación de la pobreza
El Estado actual es excluyente, no tiene como divisa y propósito la inclusión
de la enorme parte de la población que vive por fuera de la juridicidad,
la economía, la cultura, la política y la sociedad. La mitad de
la población colombiana urbana sobrevive en la pobreza o la miseria,
mientras en el campo las estadísticas son aún peores. El empobrecimiento
se acrecienta cada día, mientras la desnutrición y la ausencia
de educación se multiplican. La guerra no permite superar la inversión
pública en defensa por inversión en redención social, ni
permite la inversión privada o la extensión del empleo, la baja
en corrupción o la industrialización. Todo está bloqueado
por la guerra y no hay futuro sino en la paz; ya se acabó la época
“de la economía va mal pero el país va bien”; ahora
economía y país se condicionan mutuamente y no habrá recuperación
económica sin paz.
La pos paz se debe caracterizar por hacer un país inclusivo donde la
inversión se vuelque a seguridad, inversión pública y privada,
servicios básicos y programas de inclusión de marginados, desplazados
y campesinos. Un Estado para pagar la enorme deuda social que ha significado
la guerra; un Estado para beneficiar a las víctimas, un Estado pedagógico
que fije las prioridades en lo social y defienda con las armas el esquema de
la negociación y de los acuerdos, que obligue al cumplimiento sin esguinces
de lo pactado.
Para salir del bloqueo es necesaria la paz. Para reconstruir o refundar el Estado
es imprescindible la paz. Para tener futuro, y no solo un pasado tenebroso,
es urgente la paz.
